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POLÍTICA: ¿Se le acaba la cobertura a Lorenzini?

REDACCIÒN 

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28 JULIO 2023

DE: Nuestra Propuesta Diario de noticias del Partido Comunista de la Argentina

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¿Se le acaba la cobertura a Lorenzini?

REDACCIÒN 

 

28 JULIO 2023

El juez de Reconquista tiene que enfrentar un jury de enjuiciamiento y un nuevo pedido de recusación en la causa que puede comenzar a definir el futuro de Vicentin.

El juez de la localidad santafecina de Reconquista, Fabián Lorenzini, debe enfrentar un jury de enjuiciamiento y un nuevo pedido de recusación en la causa que puede comenzar a definir el futuro de Vicentin, ya que se encuentra a cargo del concurso preventivo que pesa sobre la cerealera.

En este caso, puntualmente se le imputa haber intentado operar ante la Justicia Penal de Rosario para que se flexibilicen las cautelares que se dictaron contra ex directivos de este holding, que les impiden disponer de los activos de la agroexportadora Renova.

La decisión judicial fue tomada a instancias de una denuncia que fue presentada por el abogado Gustavo Feldman, que es apoderado de una de las principales acreedoras de Vicentin, quien lo acusa de “ignorancia manifiesta del derecho, incumplimiento de las obligaciones a su cargo y comisión de delitos dolosos”.

De acuerdo a la denuncia, Lorenzini habría intentado operar sobre quien lleva a cabo la investigación en la causa penal por defraudación y estafa en dichos tribunales contra los ex directivos de Vicentin, el fiscal de Delitos Complejos de la justicia penal de Rosario Miguel Moreno, pero también sobre dos jueces penales que participan en la investigación: Hernán Postma y Nicolás Foppiani.

Vale citar que estos magistrados son los que dictaron medidas cautelares contra los catorce directivos de Vicentin que están procesados por defraudación y estafa, lo que los inhibe de disponer de activos de la empresa concursada, al menos mientras continúe sustanciándose el juicio penal.

Se trata de embargos que pesan -entre otras- sobre Renova que es la agroexportadora que posee la planta de molienda de soja ubicada en Timbúes considerada como una de las más modernas y eficientes del mundo, que es uno de los principales activos de Vicentin y está en el ojo del huracán de las maniobras de vaciamiento perpetrados por este holding.

Lorenzini tiene un papel clave desde el mismo momento en que, durante las postrimerías de la Presidencia Macri, Vicentin hizo público que comenzaba “un proceso de reestructuración de pagos”, como consecuencia de lo que con particular ingenio, la firma calificó en ese momento como una situación de “estrés financiero”.

Lo cierto es que adeudaba más de 1.350 millones de dólares, en un tendal en el que entre otros, tenía colgados a pequeños y medianos productores, trabajadores y el Banco Nación que bajo la conducción de Javier González Fraga, le había entregado un nuevo e impagable crédito por seis millones de dólares el 26 de noviembre de ese mismo año.

Y este dato es calve porque desde que Lorenzini apareció en esta historia, su papel fue fundamental para conducir cualquier intento de investigación hacia un callejón sin salida, lo que hasta ahora garantizó impunidad para los integrantes del Directorio de esta empresa que es responsable de vaciamiento, triangulación y fuga de divisas, así como de sobrefacturación y subfacturación.

La tapadera de la que Lonrenzini es una pieza clave, permite que después de más de tres años de que Vicentin entrara en “estrés”, todavía nada se sepa de los alrededor de 791 millones de dólares que fugó este holding en connivencia con el Gobierno Cambiemos, durante la etapa que va de las Paso de 2019 al momento en que Mauricio Macri dejó la Presidencia. Y, asimismo, todavía son casi ocho mil trabajadores de las 33 empresas que integran el Grupo prosiguen agarrados de un pincel.

Pero asimismo esta tapadera aporta a consolidar el fenómeno de concentración que caracteriza al acopio y comercialización de granos que afecta de forma determinante a la economía del país. Y en esto, vale recordarlo, también tiene mucho que ver la decisión del actual gobierno de recular con el DNU 522/2020, con lo que se resignó la posibilidad de que el Estado nacional se hiciera cargo de una herramienta que hubiera sido fundamental para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las reservas en divisas del Banco Central.

Y esto es así porque para la actual estructura económico-financiera del país, el comercio exterior de granos es clave a la hora de paliar los efectos de la restricción externa, algo que quedó más que expuesto a raíz de la crítica situación que trajo la sequía, los condicionantes al mercado global de alimentos que impuso la guerra desatada en Donbass, la deuda con el FMI y su renegociación, así como la reprimarización que se perpetró durante el Gobierno Cambiemos.