lunes, 31 de julio de 2023
PAÍS: Y el Malón va.
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31 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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31 JULIO 2023 Se aguarda que mañana martes 1° de agosto arribe a Ciudad de Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz, que partió de Jujuy para visibilizar la situación de violencia institucional que atraviesa esa provincia y para poner sobre la mesa una agenda propositiva vinculada al Buen Vivir. Se espera que mañana martes 1° de agosto, el Tercer Malón de la Paz arribe a Ciudad de Buenos Aires después de llevar a cabo un largo recorrido que comenzó el 25 de julio desde el bloqueo que comunidades originarias locales, mantienen desde hace casi dos meses sobre la ruta 40 en las inmediaciones de la localidad jujeña de Purmamarca y que en su periplo recorrió Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires.
A lo largo de más de 1600 kilómetros, el Malón visibilizó la situación que atraviesa Jujuy a raíz de la feroz violencia institucional desatada por el Gobierno que encabeza Gerardo Morales, que se profundizó con la represión a la protesta social contra la reforma constitucional que impulsó. Pero también planteó una agenda propositiva vinculada a los fundamentos básicos del Buen Vivir.
Uno de los puntos más relevantes del paso del Malón estuvo en Santiago del Estero donde, en la capitalina Plaza Libertad, el viernes pasado se llevó a cabo un acto en el que se expusieron los planteos y demandas que hace este colectivo. “El Malón habla de la ley de propiedad comunitaria, que la Corte Suprema declare inconstitucional a la reforma de la Constitución de Jujuy que hizo Morales y la intervención federal de esa provincia”, explicó Walter Barraza, quien es integrante de la comunidad Wayra Ryma, del Consejo de la Nación Tonokoté Llutky (Santiago del Estero), y referente de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (Opinoa).
Vale citar que en la marcha y otras actividades realizadas en Santiago, dijeron presente el Partido Comunista y La Fede, así como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Ni Una Menos, Mocase Vía Campesina, Pueblo Tonokote y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.
Al dialogar con Nuestra Propuesta, Barraza hizo hincapié en que además de la agenda básica de demandas que salen al cruce de la situación que vive Jujuy, “se suman las que llegan desde otras regiones que se van integrando al Malón”.
Pero también fue claro cuando tras recalcar que “pretendemos un Estado Plurinacional donde por ejemplo la currícula de la educación pública sea bilingüe, así iríamos hacia una sociedad que pueda participar de la interculturalidad”, destacó que “en nuestro caso estamos haciendo propuestas para eso como la interculturalidad en la medicina, el arte, la educación y la espiritualidad entre muchas cosas” ya que, remarcó, “entendemos que somos parte de una solución para una sociedad occidental que está en crisis”.
Asimismo, uno de los puntos medulares del planteo que visibiliza el Malón, es aquel inherente a la tenencia de la tierra. “La prioridad puntual es el territorio”, sostuvo Barraza y recordó que “en el territorio están los bienes naturales que son de la humanidad, pero el poder va por ellos: va por el agua, el litio, la madera y entonces la primera barrera que encuentra de resistencia son nuestras comunidades, porque estamos en el territorio”.
En este sentido, insistió con que “el problema de fondo es éste, porque son millones de dólares lo que representan esos bienes naturales y el sistema capitalista avanza por eso y, al hacerlo, los primeros que lo enfrentan somos nosotros” ya que, lamentó, “no aparece voluntad política de los tres poderes del Estado para frenar ese avance sobre el agua, el litio, los minerales y la madera”.
Esto explica en buena medida de qué va lo que ahora mismo pasa en Jujuy (Ver Una represión con olor a litio). “Habitar el territorio, tenerlo como parte fundamental de la propia vida, hace que lo defendamos y por eso una provincia gobernada por la derecha extrema tiene que modificar su Constitución para poder entrar en nuestro territorio”, indicó Barraza.
Y recordó que “nosotros ponemos el cuerpo”, pero también “hay una legislación que frena ese avance y convenios internacionales suscriptos por el Estado Nacional, que dicen que para cualquier cuestión que se haga sobre nuestros territorios debe hacerse una consulta, y esto es una de las cosas que se modificó con la reforma y también lo que tiene que ver con el derecho a la protesta, por eso Jujuy explotó y todavía sigue explotando”.
De todos modos, el representante de la comunidad Wayra Ryma no oculta su optimismo por el resultado de la resistencia que se manifiesta en Jujuy y la movilización que se expresa por medio del Malón. “Lo primero que debemos destacar, es que se da una situación que desde hace mucho tiempo no pasaba, que pueblos indígenas de Jujuy marchen hacia Buenos Aires para hablarle a la Corte Suprema y al Congreso, y que esto tenga la visibilización que tiene ya es en sí positivo”, sostuvo y resaltó la contundencia de la movilización que se llevó a cabo en Santiago “que hace que seamos optimistas por encima de los resultados inmediatos que se puedan tener”.
Y el Malón va
POLÍTICA: ¿Veinte años no es nada?
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31 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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31 JULIO 2023 A poco más de dos décadas del Blindaje, el Megacanje, el corralito y la masacre de diciembre, buena parte de los principales actores de La Alianza reivindican a aquel gobierno y anticipan que tienen la misma receta si vuelven a La Rosada. El viernes pasado se dieron a conocer los detalles de lo acordado entre el gobierno de nuestro país y el FMI, que establece un programa de desembolsos para Argentina correspondiente al segundo semestre, de acuerdo a lo pautado por la delegación del Ministerio de Economía encabezada por el segundo al mando, Gabriel Rubinstein, y el staff técnico del Fondo.
Se trata de un acuerdo que tiene básicamente tres puntos de los que dos son de difícil cumplimiento, pero que puede contribuir para establecer una suerte de paréntesis que alcance, por lo menos, hasta después de las Paso y que el gobierno espera que sirva también para que se extienda una situación estable hasta las Presidenciales.
También incluye un recorrido de mini-ajustes, que el texto define como “un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto fiscal”. De lo que dice, es complicado que se pueda cumplir tanto lo estipulado en términos de déficit, como lo inherente a acumulación de reservas.
Las características de lo acordado y la forma en que se dio la negociación, hablan a las claras de una situación bastante límite en la que la administración del Estado Nacional vive prácticamente absorbida por la coyuntura. Y aunque se puede permitir algunas pinceladas tácticas y hasta estratégicas como fue la decisión de avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner, lo urgente de las necesidades queda graficado en la celebración que trajo este acuerdo con el FMI que, en realidad, no hace que entren a las arcas del Central dólares frescos.
Y esto es tan así, que el ministro Sergio Massa debió recurrir a una compleja arquitectura para juntar lo que hacía falta para garantizar el pago de los vencimientos anteriores al 21 de agosto que es la fecha pautada el próximo desembolso del FMI. Esto es el vencimiento de capital por 2.700 millones de dólares de hoy lunes y el de seiscientos millones de intereses de mañana que se van a pagar al Fondo.
Para ello echó mano a operaciones puente con dos organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Finanzas y la Corporación Andina de Fomento. Pero también se tienen que utilizar lo que queda de un crédito otorgado por el Banco de Pagos Internacionales y yuanes provenientes del segundo swap que el gobierno suscribió con la República Popular con China.
Después de que se hagan efectivos esos pagos, allá por la tercera semana de agosto y con el resultado de las Paso puesto, se prevé que el Fondo desembolse los 7.500 millones de dólares correspondientes al primer tramo de lo acordado la semana pasada. A esto se sumarían en noviembre otros mil millones más. La buena noticia es que con esto Argentina tendría lo que precisa para cubrir los vencimientos de intereses que quedan hasta fin de año, es decir hasta que acabe el mandato de Alberto Fernández.
Así las cosas, hay que reconocer que como mérito de la muñeca de Massa, Argentina recuperó la posibilidad de usar estos 7.500 millones de dólares para que el Banco Central tenga capacidad para salir a jugar con chance en el mercado cambiario, esto es, intervenir ante eventuales corridas como las que habitualmente se perpetran, más aún, en medio de un escenario de Presidenciales.
La mala noticia en esto es que, otra vez, se carga al país con deuda de la que una buena parte va a acabar yéndose por la cloaca de la especulación con la divisa estadounidense, tal como lo impone el sistema financiero que -queda claro- está imbricado con los principales actores del núcleo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país.
Aquí es donde aparece, una vez más, la necesidad de volver a ponderar la relación que existe entre lo traumático y complejo que resulta cualquier negociación que permita que el Estado argentino cumpla con los cuestionables compromisos que adoptó con el Fondo, y la facilidad con que se evaporan las divisas que resultan de este tipo de gestiones.
Casos paradigmáticos de esto, son los procesos de sobreendeudamiento que fueron perperados durante la última dictadura y los gobiernos encabezados por Fernando de la Rúa y Mauricio Macri (Ver Deuda, elecciones…¿y después? y La clase capitalista no va al Paraíso).
Pero la cosa no se agota ahí. Un reciente estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), da cuenta de que sólo once grandes grupos que actúan en Argentina concentran el 53,7 por ciento de las colocaciones de obligaciones negociables emitidas durante los dos primeros años del actual Gobierno ¿Qué quiere decir esto? Que de los 45.537 millones de dólares que entraron durante este período a raíz del saldo comercial de bienes, 24.698 se evaporaron por la cancelación de deuda de empresas privadas, en un bloque en el que entre las más beneficiadas aparecen jugadores como Grupo Midlin, Elsztain con Irsa y Cresud, Cablevisión y Telecom del Grupo Clarín, el holding Eurnekian por medio de Aeropuertos, Arcor y Techint.
El trabajo de Cifra también explica que entre los rubros que más se beneficiaron con esta herramienta, están las industrias energética, financiera, alimenticia y de la construcción que, vale reconocer, figuran entre los más dinámicos de la actividad económica pero también entre los que más aportan a la suba del Índice de Precios al Consumidor.
Bala o cárcel
Pero lo que ni la muñeca de Massa pudo conseguir, es que los equipos técnicos del Fondo transijan en el pedido de readecuar la meta que ya estaba fijada respecto al déficit, que continúa en el 1,9 por ciento, lo que ya era inalcanzable y lo es todavía más en un escenario en el que, como consecuencia de la sequía, Argentina perdió algo así como veinte mil millones de dólares que se preveía que ingresen a las arcas del Banco Central en concepto de liquidación de exportaciones.
Y otro punto que ensombrece el festejo gubernamental, es el inherente a las metas de acumulación de reservas, ya que aunque se flexibilizó lo establecido en el acuerdo original que era de alrededor de ocho mil millones de dólares, se puntualiza que en lo que resta de 2023, Argentina debe quedar con por lo menos mil millones de dólares de reservas netas positivas, lo que es una verdadera quimera si se tiene en cuenta que los cálculos más optimistas las ubican hoy en algo así como seis mil millones negativas.
¿Qué es lo que se puede prever con este telón de fondo para que se cumpla con esta meta? Una alternativa que se baraja en la cartera económica, es recurrir a una nueva edición del Dólar Soja que se montaría sobre la próxima cosecha de esta oleaginosa, una medida que seguiría dando un premio excesivo para un sector que, como el agroexportador, es una parte medular del problema.
“El Estado actúa como socio desleal y forzoso, lo hace a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos, que se van acumulando sin lógica ni sentido”, lanzó el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, al dejar inaugurada la 135 muestra en el predio de Palermo, desde un palco que por su concurrencia se pareció mucho a una convención de Juntos por el Cambio.
Pino no se privó de nada pero tampoco dijo nada nuevo. Hubo duras críticas al manejo del tipo de cambio que calificó como “un instrumento de apropiación de la legítima rentabilidad del productor”, aunque se olvidó de mencionar que el mismo gobierno al que le apuntó sus dardos, es aquel que benefició durante el último año y medio al sector agroexportador con cuatro tipos de cambios diferenciales, que aportaron considerablemente a la maximización de la tasa de rentabilidad de este sector que así aflojó un poco con su resistencia a liquidar exportaciones.
Y, asimismo, el titular de la Sociedad Rural aseveró que el Gobierno falsea información “manipulando y exagerando, por ejemplo, la incidencia del precio de la carne vacuna en el índice de precios al consumidor”. Pero aunque tenga poco de original, lo de Pino no deja de ser absurdo y ofensivo si se tienen en cuenta datos duros como el que se desprende de un reciente informe de la consultora Ecolatina, donde se revela que el consumo de carne vacuna está en su nivel más bajo de los últimos cien años, con 48 kilogramos de ingesta anual por habitante, lo que contrasta con los 73,4 kilos de promedio que se registra durante el período que va de 1914 a 2021.
Y lo absurdo se vuelve trágico y provocativo si se observa el auditorio al que le hablaba Pino. Ahí estaban, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Tetaz y Hernán Lombardi, así como Jorge Macri y Roberto García Moritán quien pocas horas antes había bajado su postulación a jefe de Gobierno para veneficiar las posibilidades del primo de Mauricio a quien lo une, tal como lo recalcó, la voluntad de dinamitar el Ministerio de Desarrollo Social y “acabar con los piqueteros” a quienes asocia con “las mafias y la violencia”.
Pero más allá de lo paradójico que tiene esto de que alguien que dice que quiere acabar con “mafias y violencias” se asocie a un Macri, lo cierto es que aquello que esa tribuna de esta suerte de Alianza 5G ratifica que pretende destruir, no es otra cosa que el sujeto social al que más agrede, que percibe como cercano, extraño y peligroso sencillamente porque resiste a las imposiciones de la clase capitalista que ellos representan e integran.
Estos tipos que aplauden cuando Pino dice que el precio que le ponen a la carne es barato, ni tienen idea de los malabares que tienen que hacer quienes sostienen comedores populares para poner un poco de carne picada en una salsa bolognesa que le cambie un poco la cara a los fideos del domingo.
Es que el domingo y el sábado también tienen que abrir, porque si no lo hacen, estarían en serios problemas muchos pibes que de lunes a viernes comen en la escuela si tienen la suerte de asistir a establecimientos de jurisdicciones que no sean la Ciudad de Buenos Aires, donde las viandas del servicio alimentario son terribles. Y, además, en muchos casos comen los chicos y se hacen viandas para que puedan llevar a sus casas, para ayudar a personas adultas que no pueden movilizarse hasta los comedores.
A Pino, Larreta, Bullrich, Moritán y toda su runfla no les importa que casi el sesenta por ciento de los pibes del país vivan bajo la línea de la pobreza, que es un dato que tiene mucho que ver con una inflación devora los ingresos de los trabajadores conveniados, pero todavía más en el caso de los que se ven obligados a desempeñarse en diferentes relaciones de informalidad y no porque no quieran estar registrados.
Es que pese a ser uno de los principales productores de alimentos del planeta, nuestro país se ubica en el segundo lugar de la lista de los Estados con mayor inflación en el rubro alimentos, con un 107 por ciento anualizado a datos de mayo pasado, según un informe del Banco Mundial. Por eso es que para muchas personas, la diferencia entre comer y no comer cada día, pasa por el trabajo comunitario que llevan adelante organizaciones sociales que son las mismas que estos tipos pretenden dinamitar.
En este punto hay que tener claro que si los agredidos por el sistema capitalista deben recurrir a este tipo de estrategias de resistencia y supervivencia, apelando a estas herramientas, es porque la pobreza estructural y su núcleo duro es algo que se sostiene en el país desde por lo menos la última dictadura (Ver Bullrich, el Blindage y el Proceso). Y que lo que hacen estas organizaciones en esos espacios, tiene que ver con la urgencia pero también con abordajes vinculados a cosas como el apoyo escolar, la capacitación, el deporte y lo lúdico, esto es, lo material y lo simbólico que ayuda a construir esperanza, resistencia y lucha.
Esto se reproduce en los más de cinco mil barrios populares que hay en Argentina, donde alrededor de diez millones de personas se ven obligadas a concurrir a comedores y merenderos comunitarios para recibir asistencia alimentaria. Son personas que trabajan, que se desloman, que siempre lo hicieron, pero que pese a esto lo que reciben a cambio no les alcanza para algo tan básico como poder comer cada día.
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, depende del Ministerio de Desarrollo Social y su registro señala que hay 35 mil comedores y merenderos en Argentina, en los que trabajan 135 mil personas que no están cubiertas por una legislación adecuada, algo por lo que desde hace rato vienen luchando las cocineras comunitarias. Y, más allá de la ayuda que reciban de privados e instituciones y del esfuerzo comunitario, la adquisición de alimentos se hace con inversión estatal enmarcada en programas sociales, esto es, parte de lo que Pino y sus amigos quieren destruir.
En todo concepto, el desarrollo de programas de asistencia social involucra algo así como el 0,7 por ciento del PBI, mientras que aquello que no se recauda por exenciones a bienes personales de bienes rurales es 0,5 por ciento del PBI. Y se trata apenas de una de las exenciones que benefician a sectores de ingresos medios y elevados.
Entre los anuncios que hizo el ministro Massa en su paso por la Sociedad Rural, sorprendió aquel vinculado a la eliminación de las retenciones a las economías regionales a partir del primer día de septiembre, lo que representa una medida que cuando se baje la espuma y si es que tras diciembre existe continuidad del actual esquema político en La Rosada, necesariamente se va a tener que articular con una reforma que haga que quienes tienen muchas ganancias tributen, tal como son los casos de las energéticas y la minería.
Esa medida que plantea la posibilidad de avanzar en un sentido que el actual gobierno nunca quiso transitar, se diferencia del resto de las posturas que se vieron en la cita palermitana que se resumen en la promesa de desfinanciar al Estado con la eliminación total de retenciones, en tapar el agujero fiscal que esto provocaría con una nueva ronda de sobreendeudamiento y liberar las restricciones cambiarias lo que maximizaría los actuales problemas de restricción externa que tiene la economía argentina.
Días atrás otro de los asistentes al acto de la Sociedad Rural, Ricardo López Murphy, lamentaba que “el esfuerzo de 2001 fue incomprendido” y de este modo reivindicó al Gobierno de La Alianza que lo tuvo a cargo de dos ministerios. Lo que dijo no sorprende y va en sintonía con Patricia Bullrich y su promesa de nuevo blindaje, pero también con el discurso de Pino, las bravuconadas de de Moritán y en adelanto de gestión de la protesta social que exhibe el binomio Larreta-Morales. El mensaje es claro: “vamos a hacer lo mismo que hicimos con La Alianza, pero ahora nos tienen que entender. Y si no comprenden, bala o cárcel”.
¿Veinte años no es nada?
viernes, 28 de julio de 2023
MUNDO: Más presencia armada de EE.UU. en Ecuador.
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28 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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28 JULIO 2023 El Gobierno que encabeza Guillermo lasso, firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para cooperar y brindarse asistencia mutua en materia de defensa. Ecuador y Estados Unidos suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU), por el que Washington se compromete a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que el gobierno que preside Guillermo Lasso involucró en tareas de seguridad interior, en el marco de la ola de violencia que atraviesa el país.
Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), dentro del Plan de Acción Bilateral que reafirma los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares de ambos países, participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de EE.UU., junto al Ministerio de Defensa de Ecuador. Estas entidades firmaron el documento, el miércoles 19 de julio de 2023.
El memorando prevé la cooperación entre los dos países, para el intercambio de información. “El objetivo es combatir a los grupos armados y el narcotráfico, el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el entrenamiento y la capacitación del personal militar de las dos naciones”, señala formalmente.
Y añade que también prevé “la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir al narcotráfico y sus delitos asociados”, así como que este proceso de cooperación vaya a tener resultados “a mediano y largo plazos, en un lapso de siete años”.
Actualmente Ecuador vive una ola de inseguridad y violencia sin precedentes. Según la Policía Nacional, en 2022 se registraron 4.632 homicidios intencionales, mientras que de enero al 11 de junio de este año, ya se perpetraron 3.070 asesinatos. Muchos de estos crímenes están relacionados al narcotráfico y a disputas entre bandas delictivas.
Así las cosas, en medio de una crisis política y bajo esta escalada delictiva que se extiende por buena parte del país, el presidente Lasso, decretó el estado de excepción y toque de queda en dos provincias, un día después del asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, en un nuevo hecho de violencia que causó conmoción.
Y el martes pasado declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país, después de que se registrara una serie de graves disturbios que dejaron un saldo de, al menos, treinta muertos desde que comenzaran el sábado. En este contexto son por lo menos 96 los agentes penitenciarios que están retenidos por reclusos amotinados en varias unidades penitenciarias.
¿Estado fallido?
Para Bruno Soria, quien es militante del Partido Comunista de Ecuador (PCE), el afianzamiento de las relaciones de las Fuerzas Armadas entre su país y EE.UU., responde “a un reclamo de los militares que sienten que han perdido poder”, pero también es algo que “se suma a la formación que el gobierno estadounidense les da a jueces, fiscales y periodistas ecuatorianos que son actores clave del lawfare”.
En este sentido, Soria puntualizó que la Policía viene ocupado espacio que tradicionalmente le estaba reservado a las Fuerzas Armadas y, al respecto, recordó que “fue la policía quien enfrentó las manifestaciones de 2019 y también fue esta institución la que sostuvo en el poder a Lenin Moreno y ahora a Lasso”.
De este modo, hizo hincapié en que “este memorando termina siendo un mecanismo de contención social para represión del pueblo, tal como está sucediendo en Perú con la asistencia militar que Dina Boluarte autorizó por parte de EE.UU.” aunque, aclaró, que a diferencia de lo que pasa en Ecuador “la presencia en ese país ya es directa”.
Como se recordará, no hace mucho, la presidenta de facto de Perú autorizó el ingreso de 1.172 militares estadounidenses a territorio del país suramericano, bajo la excusa de realizar entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas peruanas y la Policía Nacional.
En este contexto, el militante del PCE definió a Ecuador como “un Estado fallido donde no hay institucionalidad”, ya que mientras Esmeralda y Guayaquil “son de las ciudades más peligrosas del mundo, lo único que le interesa a las elites es conservar sus privilegios económicos”. Tras lo que señaló que “los negocios en estas ciudades cierren a las 5 de la tarde y desde esa hora las personas tratan de no salir de sus hogares”.
Y sin ambages sostuvo que “buena parte de la población ya no se asombra de las masacres y muertes que hay”, porque “las mafias tienen el control, se conformó estructura de carteles que antes no existía”, algo que atribuyó fundamentalmente “a la descomposición social que genera el neoliberalismo”.
De ahí que, sin dudarlo, dijo que es preciso “estar alerta ante la radicalización de los sectores fascistas” y advirtió que en Ecuador se asiste a “una campaña lanzada por los sectores ultraderechistas que incluye a un sector del ejército”, por lo que no descartó que ante un triunfo de la fórmula González-Arauz en las próximas Presidenciales, “salgan a denunciar fraude y se tensione la cuestión”.
Más presencia armada de EE.UU. en Ecuador
PAÍS: Uber es ilegal.
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28 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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28 JULIO 2023 Así lo ratifica un reciente fallo judicial del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 15 de la Ciudad de Buenos Aires. El juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 15 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Víctor Trionfetti, declaró la ilegalidad de Uber en el territorio porteño y estableció que debe ser un servicio complementario a las regulaciones vigentes de la Ley de Taxis y Remises.
Al respecto, Luis Cipriano Fernández, quien es presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad (ATC), opinó que “las conclusiones sobre del fallo del juez Tronfetti, están profunda y extensamente argumentadas, y dejan más que claro que Uber y otras App similares, son ilegales”, por lo que no dudó en recalcar que se trata de un fallo “enormemente positivo”.
Al respecto, aclaró que la presentación judicial que devino en este fallo, fue hecha oportunamente por las entidades que integran el Frente de Unidad Taxista, entre ellas, la ATC, tras lo que hizo hincapié en que “si Uber es ilegal, la única conclusión que cabe es que debe dejar de funcionar inmediatamente”.
Pero también, sostuvo Fernández, “se la debe penar de manera inmediata por todas y cada una de las causas que el fallo plantea” y, en esta dirección, añadió que “Uber no está registrada ante los organismos nacionales que corresponden, no paga durante años ningún impuesto, precariza el trabajo no respetando las leyes nacionales ni los derechos de los trabajadores” pero también “elude y miente sobre su condición de intermediaria, para no pagar las cargas sociales que pagan las empresas grandes y pequeñas en todo el país, y fugar sus enormes ganancias al exterior perjudicando gravemente la economía nacional en millones de dólares y otras ilegalidades”.
Por otra parte, el referente de la ATC dijo que “el fallo rechaza nuestro planteo contra el gobierno porteño, sobre las más que pobres y débiles medidas realizadas por éste para poner fin a esta actividad ilegal que produjo un enorme daño a la actividad taxista, provocó una crisis con miles de desocupados y la quiebra de otros miles de compañeros y autos parados”.
Asimismo, recordó que “hubo una ley con penalizaciones a los conductores de Uber y otras App, que fue votada a propuesta nuestra que produjo miles de infracciones comprobadas con la ayuda y apoyo de los taxistas en la identificación de los ilegales, multas que la Justicia de Faltas porteña no aplicó para más tarde cajonearla”. Y lamentó la actitud de los controles de la Policía de Tránsito que hacen la vista gorda con Uber y otras App, “para darles absoluta impunidad”.
Uber es ilegal
PAÍS: El litio se mete en la campaña.
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28 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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28 JULIO 2023 El precandidato presidencial Juan Grabois, compartió un acto con Evo Morales. Mientras tanto, en Santiago del Estero, el Partido Comunista gana las calles para militar por el binomio de la Lista Justa y Soberana. Evo Morales y Juan Grabois compartieron un acto que se llevó a cabo el martes pasado en el auditorio de la Facultad de Odontología de la UBA, cuyo eje central tuvo como disparador el título: “Litio y recursos estratégicos en Latinoamérica”.
Ahí, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y el ex mandatario boliviano, se refirieron a la experiencia desarrollada en el país vecino a partir de la nacionalización del gas y la declaración del litio como recurso nacional y estratégico. “Nuestra tarea es cómo sentar soberanía económica”, destacó Morales y añadió que “esta es la lucha histórica de la fundación de las repúblicas, de tiempos de colonia”, por lo que “debemos estar unidos para que la derecha no vuelva a la región”.
En este sentido, el ex presidente sostuvo que está convencido de que si hubiera unidad entre Argentina, Chile y Bolivia para la explotación e industrialización estatal del litio “seríamos potencia mundial”. De ahí que, aseveró, “esto debe ser política del pueblo de América Latina para ir contra la militarización mediática del litio que está haciendo EE.UU.”.
Por su parte, Grabois advirtió que “el imperialismo sigue existiendo, continúa operando y tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en Argentina”, al tiempo que alertó que “el nuevo Alca tiene que ver con el agua, el litio, combustibles y los alimentos” y puntualizó que, “a diferencia de lo que pasa en Bolivia, a nosotros el litio nos lo están robando, se lo llevan en camiones a simple declaración jurada de las multinacionales”.
Asimismo, después de señalar que “Evo logró poner el gas al servicio de los pueblos bolivianos, no solamente para cambiar la ecuación económica, sino para algo que nosotros criticamos que no es solamente para los dólares que entran sino para la gente”, resaltó que “tenemos al cuarenta por ciento de la población sin gas natural y tenemos Vaca Muerta”, por lo que “hay algo que está funcionando mal”. Y fue claro cuando hizo hincapié en que “lo que queremos hacer junto a Paula Abal Medina no es muy distinto a lo que hizo Evo Morales en Bolivia: es el control estratégico de los recursos naturales, la política de tierra, techo y trabajo”.
El PC gana la calle
Pero a pocos días de entrar en el mes en que se van a llevar a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la campaña se profundiza no sólo en Ciudad de Buenos Aires. Y este es el caso de Santiago del Estero, donde el Partido Comunista cierra filas para encolumnarse detrás de la precandidatura del binomio Grabois-Abal Medina.
“Trabajamos las candidaturas de la fórmula que lleva por nombre Justa y Soberana, a partir de un acuerdo con Lucas Barreto que es el referente de Juan aquí en Santiago, y junto con las demás agrupaciones que integran el espacio como lo son la Corriente Nacional Martín Fierro y la Utep”, destacó desde el PC provincial, Fanny Paz.
Y, en este sentido, recordó que “ellos ya venían trabajando en la campaña y cuando nosotros nos integramos lo hacemos proponiendo, entre otras cosas, armar un programa y delinear como va a ser la campaña en función de la realidad que tenemos en nuestra provincia” por lo que adelantó que, próximamente, se va a dar a conocer un documento al respecto.
“La idea es poder hacer un documento que contemple con profundidad y hable de la realidad nuestra de Santiago del Estero”, sostuvo y lamentó que “aquí tenemos entre los principales problemas está el de los sueldos que son bajísimos”, pero también “es muy importante la cuestión de la tenencia de la tierra”, ya que “hay desplazamientos forzados de pueblos originarios a los que le arrebatan la tierra, por lo que decimos que es preciso avanzar hacia una política de Estado que garantice que la tierra sea para quienes la trabajan, sus dueños originarios, y no para los que especulan con ella”. Y, advirtió, “esto es algo que hay que tomar en cuenta y debe estar incluido en el programa de Unión por la Patria”.
Otro de los puntos que destacó Fany Paz, es aquel vinculado a la problemática de género, que es un tema en que la referente del PC santiagueño viene trabajando desde hace muchos años. “En esto estamos trabajando, es nuestro fuerte aquí en la provincia”, señaló y celebró que “en esta problemática hemos logrado insertarnos en diferentes espacios de gestión, principalmente, en Oficina de Género de la Municipalidad de La Banda donde, vaya paradoja, el intendente Roger Nedia responde a Sergio Massa”. Pero, pese a esto, insistió con que “se nos tiene en cuenta como PC y como colectivo”, por lo que “trabajamos de común acuerdo en los temas de género y fundamentalmente en la prevención de violencia y femicidios”.
El litio se mete en la campaña
POLÍTICA: ¿Se le acaba la cobertura a Lorenzini?
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28 JULIO 2023 - http://www.nuestrapropuesta.org.ar
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28 JULIO 2023 El juez de Reconquista tiene que enfrentar un jury de enjuiciamiento y un nuevo pedido de recusación en la causa que puede comenzar a definir el futuro de Vicentin. El juez de la localidad santafecina de Reconquista, Fabián Lorenzini, debe enfrentar un jury de enjuiciamiento y un nuevo pedido de recusación en la causa que puede comenzar a definir el futuro de Vicentin, ya que se encuentra a cargo del concurso preventivo que pesa sobre la cerealera.
En este caso, puntualmente se le imputa haber intentado operar ante la Justicia Penal de Rosario para que se flexibilicen las cautelares que se dictaron contra ex directivos de este holding, que les impiden disponer de los activos de la agroexportadora Renova.
La decisión judicial fue tomada a instancias de una denuncia que fue presentada por el abogado Gustavo Feldman, que es apoderado de una de las principales acreedoras de Vicentin, quien lo acusa de “ignorancia manifiesta del derecho, incumplimiento de las obligaciones a su cargo y comisión de delitos dolosos”.
De acuerdo a la denuncia, Lorenzini habría intentado operar sobre quien lleva a cabo la investigación en la causa penal por defraudación y estafa en dichos tribunales contra los ex directivos de Vicentin, el fiscal de Delitos Complejos de la justicia penal de Rosario Miguel Moreno, pero también sobre dos jueces penales que participan en la investigación: Hernán Postma y Nicolás Foppiani.
Vale citar que estos magistrados son los que dictaron medidas cautelares contra los catorce directivos de Vicentin que están procesados por defraudación y estafa, lo que los inhibe de disponer de activos de la empresa concursada, al menos mientras continúe sustanciándose el juicio penal.
Se trata de embargos que pesan -entre otras- sobre Renova que es la agroexportadora que posee la planta de molienda de soja ubicada en Timbúes considerada como una de las más modernas y eficientes del mundo, que es uno de los principales activos de Vicentin y está en el ojo del huracán de las maniobras de vaciamiento perpetrados por este holding.
Lorenzini tiene un papel clave desde el mismo momento en que, durante las postrimerías de la Presidencia Macri, Vicentin hizo público que comenzaba “un proceso de reestructuración de pagos”, como consecuencia de lo que con particular ingenio, la firma calificó en ese momento como una situación de “estrés financiero”.
Lo cierto es que adeudaba más de 1.350 millones de dólares, en un tendal en el que entre otros, tenía colgados a pequeños y medianos productores, trabajadores y el Banco Nación que bajo la conducción de Javier González Fraga, le había entregado un nuevo e impagable crédito por seis millones de dólares el 26 de noviembre de ese mismo año.
Y este dato es calve porque desde que Lorenzini apareció en esta historia, su papel fue fundamental para conducir cualquier intento de investigación hacia un callejón sin salida, lo que hasta ahora garantizó impunidad para los integrantes del Directorio de esta empresa que es responsable de vaciamiento, triangulación y fuga de divisas, así como de sobrefacturación y subfacturación.
La tapadera de la que Lonrenzini es una pieza clave, permite que después de más de tres años de que Vicentin entrara en “estrés”, todavía nada se sepa de los alrededor de 791 millones de dólares que fugó este holding en connivencia con el Gobierno Cambiemos, durante la etapa que va de las Paso de 2019 al momento en que Mauricio Macri dejó la Presidencia. Y, asimismo, todavía son casi ocho mil trabajadores de las 33 empresas que integran el Grupo prosiguen agarrados de un pincel.
Pero asimismo esta tapadera aporta a consolidar el fenómeno de concentración que caracteriza al acopio y comercialización de granos que afecta de forma determinante a la economía del país. Y en esto, vale recordarlo, también tiene mucho que ver la decisión del actual gobierno de recular con el DNU 522/2020, con lo que se resignó la posibilidad de que el Estado nacional se hiciera cargo de una herramienta que hubiera sido fundamental para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las reservas en divisas del Banco Central.
Y esto es así porque para la actual estructura económico-financiera del país, el comercio exterior de granos es clave a la hora de paliar los efectos de la restricción externa, algo que quedó más que expuesto a raíz de la crítica situación que trajo la sequía, los condicionantes al mercado global de alimentos que impuso la guerra desatada en Donbass, la deuda con el FMI y su renegociación, así como la reprimarización que se perpetró durante el Gobierno Cambiemos.
¿Se le acaba la cobertura a Lorenzini?
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