MUNDO: Sin agua.
“La situación de los docentes universitarios es mala y el Ministerio de Educación viene acordando paritarias negativas”, lamentó el integrante de La Fede y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Mariano Del Pópolo, al apoyar el reclamo de recomposición salarial que viene haciendo la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
La semana pasada, la demanda de Conadu por la reapertura de la paritaria, tuvo respuesta con la reunión en la que se acordó una recomposición salarial adicional de tres por ciento acumulativo sobre el sueldo de mayo, incluido el seis que ya fue acordado para ese mes en las paritarias anteriores.
Si se analizan los salarios básicos a cobrar en mayo de este año contra los percibidos en el mismo mes de 2022, esta recomposición representa un 34 por ciento en lo que va de 2023, lo que la coloca dos puntos por encima del índice de inflación, mientras que en términos interanuales es del 133 por ciento lo que supera por 7,9 puntos a la inflación de ese período.
De todos modos, se fijó una nueva reunión de la Comisión de Revisión Salarial para el 9 de junio y se acordó citar a la Comisión de Trabajo sobre Ganancias para la primera semana de junio, algo que desde Conadu se destacó como un logro que demuestra “la importancia de mantener abierto este proceso paritario de seguimiento permanente para preservar el salario en un contexto de alta inflación y mucha incertidumbre”.
Pese a esto, el salario de los docentes universitarios todavía no recuperó aquello que le fue cercenado durante la Presidencia Macri. Y, en este sentido, Pópolo advirtió que “nunca se hizo una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante esos años”, por lo que “debemos exigir que la reapertura de la paritaria sirva también para garantizar que se recupere ese salario que se perdió con el macrismo y la posterior pandemia”, ya que “los docentes universitarios que recién empiezan, cobran sesenta mil pesos y esto representa una situación muy grave”.
El Partido Comunista de Córdoba estuvo presente en el acto que se llevo a cabo para conmemorar los 54 años del Cordobazo, organizado por la regional provincial de la CTA de los Trabajadores que contó con la presencia de Hugo Yasky, los candidatos a gobernados y vice por Creo en Córdoba de Todos, Federico Alessandri y Gabriela Estévez, así como por postulantes a legisladores por este espacio, entre ellos, los comunistas Rodolfo Leyria y Florencia Dahbar.
En este contexto, el PC provincial, destacó al Cordobazo como una “gesta heroica de lucha obrero-estudiantil que se alzó contra la dictadura de Onganía y expresó la voluntad del pueblo de construir un futuro mejor”, tras lo que hizo hincapié en que, de cara a las elecciones del 25 de junio, “juntos construimos esta alternativa política que busca romper con 24 años de gobierno de la Fundación Mediterránea y los poderes concentrados en nuestra Córdoba”.
En el acto, Leyria hizo hincapié en que “el Cordobazo nos dejó una marca en el ADN, la unidad del movimiento obrero y nos llamó a construir un modelo diferente en Córdoba, de la mano de los trabajadores”, por lo que instó a “seguir luchando y creando poder popular para cambiar todo lo que haya que ser cambiado”.
Por su parte, la Mesa de Coordinación de la Corriente Nacional Agustín Tosco, recordó que “homenajear el Cordobazo, es hacerlo a la mayoría del pueblo0 de sa provincia, que con un alto grado de consciencia, realizó una epopeya dirigida por la clase obrera unida en alianza con los estudiantes y sectores medios del comercio, el agro y la industria local contra la dictadura de tipo fascista que se había instalado en el país”.
Y, en este sentido, señaló que “sabemos dónde está el enemigo principal”, tras lo que advirtió que “si desde el gobierno no se profundizan medidas en un sentido favorable al pueblo y los trabajadores”, se va a beneficiar “una derecha que en nuestro país ambiciona a triunfar en las elecciones”. Por lo que convocó a “recuperar la iniciativa, la unidad y la movilización desde abajo construyendo comités de defensa en la salud, la educación y el trabajo”, así como “para defender el salario y el sistema previsional”.
El Congreso de Perú aprobó un proyecto de resolución legislativa, por el que se autoriza a partir de mañana y hasta el último día de 2023, ingresen tropas militares de EE.UU. a territorio peruano para adiestrar a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
A la hora de justificar el aval parlamentario solicitado por el gobierno de facto que encabeza Dina Boluarte, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, señaló que los militares estadounidenses van a realizar actividades de “cooperación y entrenamiento” con las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Y, aunque el legislador aseveró que el destacamento estadounidense “no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional”, el contexto en que se autoriza el pedido del ejecutivo resulta más que sugestivo.
Es que este aval parlamentario se llevó a cabo a sólo dos semanas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhibiera documentos que dan cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos que perpetraron militares y policías durante la represión desatada contra las protestas que se opusieron al golpe de Estado que acabo con el gobierno que encabezaba Pedro Castillo.
Pero también a poco más de tres meses de que durante un encuentro del Atlantic Council, la titular del Comando Sur estadounidense Laura Richardson, advirtiera que para Washington Latinoamérica es relevante “por todos sus ricos recursos” y, en este sentido, recalcara que a EE.UU. “le queda mucho por hacer en esta región que nos importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y por eso tenemos que empezar nuestro juego”.
De acuerdo a sondeos hechos por diferentes consultoras, que fueron publicados durante las últimas semanas, Dina Boluarte y el gobierno que encabeza, tienen casi un ochenta por ciento de desaprobación entre los peruanos. Y, en estos días, la presidenta de facto va a tener que presentarse ante la Fiscalía de la Nación para declarar sobre los asesinatos perpetrados en el contexto de las protestas contra el Golpe, en una causa en la que se la investiga por los cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
El actual gobierno de Perú se sustenta políticamente en una mayoría automática del Congreso, que está constituida por el fujimorismo y la ultraderecha de Renovación Popular que, paradójicamente, son los dos partidos que perdieron las elecciones contra Castillo.
Ese diseño está blindado por la Constitución que nació del autogolpe que llevó a cabo Alberto Fujimori, pero a su vez es el principal garante de un esquema de inestabilidad político-institucional que favorece la ronda de negocios de la clase capitalista que actúa en Perú, que es cada vez más rica, pero también cada vez más concentrada y transnacionalizada.
Y con este telón de fondo, el aval que brinda EE.UU. al suministrar oficialmente su asesoramiento a militares y policías peruanos, es una señal positiva para la clase capitalista que actúa en Perú y también para Boluarte que con esta renovada guardia pretoriana, seguramente va a sentirse más cómoda cuando esté cara a cara con la Fiscalía que debe decidir si la imputa como genocida.
La Corriente Nacional Agustín Tosco (Conat), hizo pública su solidaridad con los docentes que fueron duramente represaliados la semana pasada en Salta, al tiempo que repudió la actitud de la policía provincial y exigió que el gobernador Gustavo Sáenz atienda las demandas que vienen haciendo los trabajadores de la educación.
La brutal represión se desató cuando el 25 de mayo en el acceso a la ciudad de Salta, maestros que desde hace alrededor de un mes vienen planteando demandas salariales, fueron interceptados por un fuerte cerco policial que los reprimió y detuvo a 19 trabajadores que fueron liberados recién el sábado, aunque quedaron imputados por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento de las vías de transporte”.
Así las cosas, en el contexto de la escalada del conflicto, durante esa misma jornada se registraron bloqueos de rutas en las localidades de El Quebrachal, Tartagal, Orán, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Güemes, Salvador Mazza, Rosario de la Frontera, Coronel Juan Solá, Campo Duran, Rosario de Lerma y Cafayate.
Las imágenes de las golpizas y detenciones que se pudieron ver en esta oportunidad son terribles, pero no son novedosas. La Policía de Salta tiene una larga historia en este sentido con algunos antecedentes muy serios como fue la feroz represión perpetrada en 2019, precisamente, contra docentes que pedían que el gobierno recomponga sus salarios.
Como se ve, la historia se repite y algunas cosas empeoran. Y esto puede verificarse a partir de la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas.
Como se recordará, este instrumento que el gobierno encabezado por Sáenz puso en marcha este año, fue severamente cuestionado por diferentes organizaciones, entre ellas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), el Comité contra la Tortura y la Mesa de Derechos Humanos que en reiteradas oportunidades instaron a que el ejecutivo provincial lo deje sin efecto ya que, entre otras, cosas viola derechos humanos y limita la libertad de expresión.
En este sentido, coincidieron en advertir que el ejecutivo provincial “busca cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los ciudadanos en la vía pública”, por lo que de lo que se trata es de un instrumento “para anular la protesta, lo que agrava las situaciones de vulneración de derechos”.
Asimismo, la Ladh de Salta denunció “la arremetida del gobierno provincial y la complicidad del Poder Judicial que dispuso represión, persecución y cacería de trabajadores de la docencia y salud que desde hace semanas piden ser escuchados en sus reclamos de salarios dignos y mejoras laborales”.
Y, en esta dirección, repudió la actuación de la jueza de Garantías que interviene en el caso de las detenciones, Ada Zunino. “No son delincuentes, son docentes”, recalcó la Liga y no dudó en señalar que la magistrada es cómplice “de las acciones nefastas llevadas a cabo en el día que recordamos la Revolución de Mayo, que justificó la represión y la inteligencia previa que se hizo sobre los trabajadores”.
Mañana martes y el jueves venidero, los trabajadores de la educación de La Rioja van a llevar a cabo un paro de actividades convocado por la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), durante la asamblea de delegados que celebró la semana pasada en coincidencia con el Día del Trabajador a de la Educación, fecha que fue instaurada para conmemorar la Marcha Blanca de (…………).
La medida, tal como lo recalcó la AMP, fue adoptada “ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación”, al pedido que viene haciendo de una recomposición salarial de emergencia de no menos de cien mil pesos. “Pedimos cien mil pesos en una emergencia y nos dicen que vamos a cobrar en julio y agosto con un blanqueo”, refirió el titular de la AMP, Rogelio De Leonardi, tras lo que lamentó que al gobierno que encabeza Ricardo Quintela “no le interesa el diálogo con el gremio docente y por eso no hay diálogo”.
Y, en este sentido, sostuvo que antes de que fuera reelegido el 7 de mayo, el ejecutivo provincial “cuidaba un poco algunos detalles, pero después del triunfo dejó de hacerlo y la victoria no da derechos, aunque parece que han entendido que tienen el derecho de suspender la paritaria cada vez que se les antoje y no responde cuando no les gusta la petición que se les hace”.
Asimismo, De Leonardi denunció “el manoseo que está haciendo el Gobierno a la paritaria”, algo que calificó como “inadmisible”, más aún en un contexto en el que “se ha deteriorado tanto el salario docente en La Rioja, que hoy es uno de los más bajos del país”. Por lo que, sin dudarlo, advirtió que “si quieren paros salvajes, tendrán paros salvajes", subrayó.
La cotidianeidad de asesinatos y otros hechos de violencia no deja de sacudir a Rosario y su conurbano, donde en lo que va del año ya se perpetraron 130 crímenes en un contexto en el que, a priori, parece estar condenado al fracaso cada intento que pretende penetrar la imbricada trama tejida por un tándem integrado por el narcotráfico, las fuerzas policiales, el Poder Judicial y la clase capitalista que actúa amparada por una cerrada estructura político-institucional.
En este marco y después de dos meses del envío de trescientos efectivos de Gendarmería Nacional y otro centenar de la Policía Federal “para fortalecer la seguridad” en Rosario, se espera que esta semana arranque la ronda de consultas convocadas por Omar Perotti, donde se prevé que su gabinete se reúna con los equipos técnicos de los precandidatos a gobernador “para acordar una política de Estado en seguridad”.
Perotti le encomendó la tarea a quienes son titulares de las carteras de Gobierno y Seguridad, Celia Arena y Claudio Brilloni, al tiempo que hizo saber que lo que busca es que se pueda establecer “puntos de coincidencias, acuerdos y consensos” con quienes aspiran a sucederlo, para que se logre diseñar un “plan de trabajo” que salga al cruce de una crisis de inseguridad que según como lo reconoció el mandatario, afecta a Rosario y al resto de la provincia.
Ahí se espera que concurran los representantes de las doce fórmulas que buscarán llegar a la Gobernación de Santa Fe, después de pasar por el tamiz de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 16 de julio y las generales del 10 de septiembre. Varios de ellos son parte del esquema que viabilizó las condiciones que llevaron a la situación de inseguridad que con epicentro en Rosario se expandió hacia toda la provincia, pero también coinciden en que la militarización es parte prioritaria de la respuesta a esta crisis.
¿Pero cuáles son las consecuencias que se ponen en evidencia tras varios años en los que las recurrentes gestiones gubernamentales buscaron solución en la salida militarista del conflicto? Norberto Champa Galiotti es titular del Partido Comunista de Rosario, candidato a concejal por el Frente Juntos Avancemos que postula para intendente a Roberto Sukerman y no duda en aseverar que es preciso avanzar en “políticas que vayan a fondo”, porque el efecto concreto de la militarización de una ciudad como Rosario es que “está siendo colonizada por el crimen organizado” que deriva de un esquema que incluye a las fuerzas policiales.
“Hay una gran preocupación, porque a más de dos meses de que mandaran gendarmes y otros efectivos federales, no sólo no se contuvo el avance de la criminalidad sino que se incrementó”, sostuvo Galiotti y después de indicar que “es muy difícil que con los mismos métodos se obtengan diferentes resultados”, recordó este tipo de recetas se emplearon durante muchos años en países como Colombia y México “donde se militarizó el conflicto y lo único que se logró es hacer que el conflicto y la violencia crecieran todavía más”.
Los dichos de Galiotti nada tienen de antojadizos. Diferentes gestiones gubernamentales buscaron en agencias extranjeras fórmulas que permitan abordar la problemática y en esta dirección se inscribe la capacitación que recibieron efectivos de de la Policía de Santa Fe que integran la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado (UEICrO), por parte de instructores del FBI.
“La provincia de Santa Fe está siendo asesorada por el FBI, por la Policía de Filadelfia y la de Colombia”, advirtió el dirigente rosarino del PC y añadió que “también están actuando sobre los fiscales y el resto del Poder Judicial con el argumento de ‘prevenir e investigar este tipo de delitos’”.
Pero esto no es todo. Promediaba 2022 cuando Perotti anunció que Santa Fe iba a recibir asesoramiento por parte de la embajada de EE.UU. “para investigar delitos federales como el narcotráfico y el crimen organizado”, algo que traducido al castellano significa lisa y llanamente el reconocimiento de que se abrieron las puertas para que la DEA desembarcara oficialmente en la provincia y la región. Y vale remarcar lo de oficialmente, porque esta agencia opera solapadamente en Argentina desde que fue creada por el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon.
“Siempre que participa EE.UU. por medio de la DEA y otros organismos, esto lleva a la militarización del conflicto”, lamentó Galiotti y recalcó que entonces “no sólo se introduce el negocio del control del narcotráfico, sino también el negocio de la venta y control de armas para armar al delito organizado, en el tienen absoluta incidencia las fuerzas policiales que son parte de este problema”.
Tras lo que insistió con que “esto es lo que ocurrió en México y Colombia y lamentablemente aquí se va a repetir lo mismo que pasa siempre cuando participa en el asesoramiento militar, político y jurídico EE.UU. que entra con la excusa de ‘combatir el negocio organizado por la mafia de la droga’”. Y recordó que “EE.UU. es el principal país consumidor de estupefacientes y el éter con que se procesa la hoja de coca para convertirla en piedra de cocaína viene de ese país”.
Con capitalismo no se puede
Un informe dado a conocer recientemente por el Observatorio de Seguridad Pública, da cuenta de que entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, se secuestraron en la provincia 78.309 municiones, lo que representa un promedio mensual de 3.729 balas incautadas. Casi el 57 por ciento de esas municiones fueron decomisadas en Rosario.
Estas cifras son sólo un índice que habla sobre la existencia de un mercado negro que produce un volumen importante de munición y armamento, pero también de insumos como puntas de bala, pólvora y fulminantes que escapa al control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Queda claro que todo esto sería imposible sin una infraestructura que precisa de financiamiento y logística, pero además de la cobertura que garantice que su funcionamiento no se vea alterado por miradas indiscretas. “Los asesinatos de Rosario dan cuenta de que sigue vigente en negocio de las armas que se ha incrementado en cantidad y en capacidad de fuego”, destacó Galiotti y alertó que “también hay más capacidad de operación logística y esto tiene una directa relación con el incremento de la llegada de fuerzas de Gendarmería y policiales federales a la Ciudad”.
Asimismo, dijo que en Rosario “tenemos otros problemas como los que tienen que ver con la urbanización y el transporte, pero el tema del narcotráfico y el delito hacen necesaria la aplicación de políticas públicas que sean capaces de trabajar sobre esto, no sólo como un problema que debe enfrentarse con la fuerza pública se seguridad, sino fundamentalmente desde el ángulo político y social”.
Y, al respecto, resaltó que es preciso romper “cierta inacción del parlamentarismo local, respecto a los problemas esenciales que son fundamentalmente los de los barrios donde todos los días se viven situaciones graves vinculadas con la mafia del narcotráfico que está colonizando la ciudad, el Gran Rosario y a la provincia de Santa Fe”.
De ahí que, sin dudarlo, aseveró que “esta es una tarea que, para que pueda llevarse adelante, necesita de fuertes acuerdos políticos entre sectores populares y revolucionarios”, ya que “no alcanza con lo que hasta ahora expresó el Frente de Todos”. Y remarcó que “esto no se resuelve sólo con políticas de seguridad, sino que hay muchos aspectos que abordar para disputar culturalmente el terreno que ha ganado la política de la mafia y el delito en la conciencia social de grandes sectores de Rosario”.
Pero también hizo hincapié en que, para esta tarea, se vuelve necesario avanzar en una profunda reorientación de los recursos, lo que plantea un escenario de disputa. “Rosario es una zona de terribles asimetrías”, advirtió Galiotti y destacó que “hay una ciudad protegida hacia el centro y desprotegida en los barrios, una ciudad en la que los puertos facturan 42.300 millones de dólares al año pero en la que viven millones de personas en una situación de pobreza extrema, que son víctimas de las mafias y caldo de cultivo para las propuestas delictivas”, ya que “el narco paga diez veces más a un soldadito o un dealer que lo que un trabajador puede cobrar, entonces la batalla cultural se vuelve muy desigual, más aún en una sociedad que exacerba el consumismo”.
¿Y entonces dónde hay que buscar el origen de esta problemática y, una vez que se llegue hasta ahí, qué se puede hacer con eso? Desde que el primer cargamento de doscientos kilos de cocaína llegó a la Zona Franca que Bolivia posee en el puerto de Rosario, el 24 de abril de 1978, por un acuerdo entre las dictaduras encabezadas por Jorge Videla y Hugo Banzer, el desarrollo del narconegocio floreció a partir de una estructura que tiene centralidad en la ciudad, desde donde se extiende hacia el resto de la provincia y la región.
Esta auténtica expresión de una ingeniería propia de la lógica capitalista, incluye lavado de dinero y contrabando de armamento, entre otros negocios ilegales que involucran a delincuentes de guante blanco como los que se perpetran mediante el contrabando de cereales, la triangulación de esos productos, la subfacturación y sobrefacturación de sus ventas, entre otras cosas.
“Tienen un poder concentrado que tiene que ver con la Ley de Reforma del Estado que llevo adelante el Partido Justicialista, con Carlos Menem como presidente, que entregó la soberanía argentina del comercio exterior y el tránsito fluvial, a lo que se sumó la extranjerización de la banca, las privatizaciones en ferrocarriles y telecomunicaciones como parte de un esquema que sacó de la órbita estatal a resortes esenciales de la economía”, puntualizó el dirigente comunista.
Y, en tal dirección, recalcó que se vuelve preciso “recorrer el camino inverso para luchar contra el neoliberalismo y poder hacer políticas que confronten contra la colonización mafiosa-narco en la provincia de Santa Fe”, ya que “las consecuencias de esto se ven en muchos lados y uno de ellos donde se advierte con mucha crudeza es en Rosario”, por eso “hay que recuperar soberanía política y económica y esto no se hace con capitalismo, sino luchando contra el sistema capitalista para poder tener los recursos necesarios para dar esta batalla social, política, cultural y económica contra la mafia del narcotráfico y el delito que somete a los sectores más necesitados”.
Algo que, insistió, requiere de “una fuerte disputa que no se hace militarizando más el conflicto”, porque “hay que enfrentar a los sectores armados, pero hay que evitar que se siga construyendo un caldo de cultivo favorable al esquema narco y eso se logra con un fuerte giro en la política social y económica” en el que se puede avanzar “con medidas concretas como nacionalizar el comercio exterior y el tránsito fluvial para romper con las cadenas de complicidades que articulan el delito”, pero en simultáneo “volcar el presupuesto hacia los barrios”.
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